Cámaras de seguridad como prueba en el proceso penal : la intimidad como derecho constitucional vs. la averiguación de la verdad por parte de los tribunales de TDF AeIAS

Abstract

El derecho a la intimidad constituye un pilar fundamental de la libertad individual en un Estado de Derecho, funcionando como una barrera infranqueable frente a las injerencias arbitrarias del poder público. Tal es así que ese derecho se encuentra reconocido en la Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a aquélla a través de la última reforma del año 1994. La problemática se suscita cuando el Estado, en su rol de garante de los derechos fundamentales, debe ejercer simultáneamente el ius puniendi y el poder de policía para investigar y sancionar conductas presuntamente delictivas. Estas dos funciones generan una evidente tensión: el mismo ente encargado de tutelar la intimidad es quien, en pos de la eficacia procesal, puede incurrir -no siempre- en injerencias arbitrarias sobre dichas garantías.