| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad realizar un abordaje concreto de la
introducción de evidencia digital en procesos penales y cómo debe ser tratada la misma para
evitar que su empleo no genere anomalías en el proceso, desembocando en eventuales
nulidades fundadas en el quebrantamiento de garantías constitucionales lo cual, decanta
necesariamente en una obstaculización a la aplicación del poder punitivo estatal.
Es de interés recalcar que muchas de las normas procesales y de fondo que hoy se
encuentran vigentes en nuestro país han sido dictadas y promulgadas en un escenario muy
distinto al de los tiempos actuales, en donde los avances tecnológicos no eran tan acelerados.
Esto claramente ha repercutido en los pronunciamientos jurisprudenciales en donde no se ha
unificado un criterio que permita establecer con precisión como se debe proceder en casos en
donde la evidencia digital tiene un protagonismo esencial, piénsese por ejemplo en el catálogo
de delitos de los denominados “ciberdelitos”. En estos casos se ha limitado el empleo de
evidencias obtenidas de medios electrónicos al cumplimiento de ciertas normas de buenas
prácticas para, de este modo, dar cumplimiento a las garantías constitucionales. A ello
debemos agregar que nuestro país carece de un tratamiento exhaustivo de la temática, por lo
que no existe un único criterio al respecto. | es_ES |
